Que se vayan

La controversia sobre si los políticos imputados en casos de corrupción deben dimitir está servida. A día de hoy, en España hay abiertos 171 procesos contra cargos públicos. “Campeón”, “Bárcenas” o “Gürtel” son nombres de tramas conocidas por toda la opinión pública. La polémica surge cuando a un hecho ilícito se le añade el matiz de que los corruptos son cargos electos. Se abre entonces el problema: ¿deben renunciar en el momento en el que se dirige contra ellos un proceso penal?

La mayoría de los políticos se muestran en contra. Pere Navarro, primer secretario del PSC, y su discurso falaz son ejemplo de ello. Justifica la no dimisión de dos dirigentes de su partido implicados en el “caso Mercuri” arguyendo que “existen otros casos de personas imputadas que no han renunciado a sus cargos públicos”. Se trata de un razonamiento inválido, ya que la conclusión no se extrae necesariamente de la premisa.

Pero, afortunadamente, no todos son iguales. IU de Asturias pide la dimisión de su diputado Ángel González, imputado por prevaricación, con un manifiesto que reclama el cumplimiento del Código Ético y los Estatutos del partido. Se han referido “a la coherencia, fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos”. También dos políticos europeos, Takis Athanasopoulos, encargado de los activos del Estado griego, y Veljko Ostojic, ministro de Turismo croata, dimitieron por haberse visto envueltos en sendos casos de corrupción.

Sin embargo, la mayoría de los imputados políticos en nuestro país se esconden en sus escaños para no enfrentarse a su responsabilidad, tanto legal como moral. El interés público de quien se corrompe pasa a ser privado y se escudan en la inmunidad parlamentaria para vulnerar así los principios democráticos. No se les debe permitir apostar su cargo, sabiendo que no van a perderlo. Juegan con ventaja.

«Tesis sobre un homicidio», sutil y magistral.

Los detalles marcan la diferencia. Al menos, en Tesis sobre un homicidio, un inquietante thriller psicológico, primera película en España del argentino Hernán Goldfrid. Una puesta en escena genial para un novel, con continuos guiños a quien esté atento.

La línea narrativa comienza alto, creando expectativas e introduciendo puntos de humor. La tensión va aumentando y se mantiene aún al levantarnos de la butaca, aunque argumentalmente se resuelvan todos los nudos. En este plano se comienza teorizando sobre la justicia y su alcance, y se sigue dando pautas para que el espectador pueda deducir. Le hace disfrutar al hacerle activo y mantenerle permanentemente alerta.

A nivel audiovisual el uso de planos detalle es decisivo, y Rodrigo Pulpeiro hace un magnífico trabajo de fotografía, utilizando descomposiciones de luz para mostrar recuerdos que sirven para analizar a los personajes.

Lo apoya la magistral interpretación de Darín, a la que ya nos tiene acostumbrados. Sus ojos azules aparecen en primer plano en más de una ocasión para transportarnos, de manera exitosa, a lo más profundo de la mente del protagonista. Ammann muestra una madurez interpretativa de la que hasta ahora no había hecho gala. La punta del triángulo la corona Calu Rivero, desconocida en la gran pantalla, que consigue que empaticemos con su personaje con frescura y credibilidad. Destaca también Mara Bestelli quien, a pesar de encarnar a un secundario, le da un equilibrio al film difícilmente solventable sin una interpretación tan deslumbrante.

Tesis sobre un homicidio huele quizá a El secreto de sus ojos, aroma impregnado por los mismos productores pero ¿si una fórmula funciona por qué desperdiciarla? Quien vaya al cine por el mero hecho de entretenerse y tratar de no pensar, que opte por otra película. Ésta no dejará indiferente a nadie.

A por ellos

Escrache es una palabra de reciente implantación. Designa la acción directa de manifestantes, personándose ante quien denuncian. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha optado por esta medida para hacer llegar sus reivindicaciones a los diputados del PP contrarios la Iniciativa Legislativa Popular que contempla la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social.

El debate está servido y las distintas opiniones no se han hecho esperar. Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco, se ha envalentonado al afirmar que la PAH protesta de manera “clavadita a los del mundo de ETA”. Misma línea de argumentación sigue su partido. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha declarado que los escraches “atentan contra la libertad y contra la intimidad”. Gran parte de la élite política está de acuerdo. Rosa Díez, diputada de UPyD, ha tachado la campaña de “vil y cobarde” y Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha declarado que “no se puede acosar a los diputados del PP”.

Sin embargo y afortunadamente, no todos los políticos opinan igual. Izquierda Unida apoya todas las protestas “no violentas”. “Rodear y gritar no es un acto violento, sino el ejercicio de la libertad de expresión”, expone José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural y diputado de IU. La PAH denuncia un intento de criminalizarlos, cuando “los verdaderos escraches son los desahucios de familias por el aparato del Estado”.

Con un neologismo, así es como nacen las grandes cosas. Y los escraches lo son. Están consiguiendo una notoriedad pública que de otra manera no alcanzarían. Ya que los cauces legales en nuestro país están embarrados, y justicia y legalidad no siempre van de la mano, los escarches son una necesaria manifestación de la libertad de expresión ante la lamentable actuación del Gobierno.

El presidente despistado

La publicación de unas fotos de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta gallega, a bordo de un yate y en compañía de su propietario, Manuel Dorado, encarcelado por narcotráfico, ha hecho estallar a la opinión pública. A colación de la misma, el argumento de Feijóo es bastante conclusivo: “una foto es una foto”. Efectivamente, pero alguien ha de decirle que lo realmente importante es el contenido. Y que si un cargo público aparece en el mismo retrato que un delincuente, algo huele a podrido. Y es que entre la casta política, nada es casualidad. Así que al menos disimula, Feijóo. Si vas a viajar con un capo de la mafia, disfruta del paisaje y no te fotografíes, que eso queda para la posteridad, y a los periodistas nos gusta mucho enseñárselo al mundo.

El Presidente asegura que no estaba al tanto de los negocios de Dorado. Así que es eso, sólo es despistado. En el momento de tomarse la fotografía, Dorado había sido detenido ya dos veces por contrabando de tabaco. Que Feijóo no lo supiera sólo puede deberse a una distracción. Pobre. Afirma no haber vuelto a hablar con el narcotraficante desde 1997, cuando la Audiencia Nacional abrió un proceso de investigación contra él. Pedro negó tres veces a Jesús. Feijóo le ha superado con creces. Me temo que su concepto de la amistad es bastante pobre.

Y las ironías siguen sumándose. En 2009, Feijóo utilizó como arma electoral unas fotos de Anxo Quintana, por entonces  vicepresidente de la Xunta, en el velero del empresario Jacinto Rey. Le exigió explicaciones, declarando que “el Gobierno no se puede fotografiar con malas compañías” ni “mezclar los negocios con la política”. Maravillosa justicia divina. Así que Feijóo piensa que es peor compañía un constructor que un narco. ¿Pero dónde queda la credibilidad de este hombre?

Parafilias sexuales. Entrevista a Nayara Malnero.

Desde On Fire hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Nayara Malnero, psicóloga, sexóloga y creadora del proyecto Sexperimentando, donde la sexualidad deja de ser tabú.

Le hemos realizado algunas preguntas acerca de las parafilias sexuales, un tipo de conductas donde se obtiene excitación de un modo que se sale de lo considerado «normal». Las personas que padecen una parafilia sólo se excitan con este tipo de prácticas, por lo que, socialmente, son consideradas un problema. Fetichismo, exhibicionismo y voyeurismo son algunos ejemplos de estas conductas que en su inmensa mayoría afectan a hombres y que, en algunos casos, rozan la ilegalidad.

Se trata de un problema que no está bien visto a nivel social, una conducta que supone un rechazo por parte del entorno de quien las lleva a cabo. No obstante, las parafilias pueden superarse y, con una buena terapia psicológica y sexológica, llegar a desaparecer.

Género y poder en la democracia deliberativa

Históricamente, nuestra cultura ha legitimado la creencia de que el varón se encuentra en una posición superior, lo cual ha provocado un sentimiento de inferioridad en las mujeres. La diferencia de poder de un género sobre otro ha creado una estructura por la cual las mujeres quedan sometidas a los varones, quienes ofrecen protección. De este modo se les ha otorgado a los hombres una posición de dominio que biológicamente no poseen. Este hecho ha tenido como consecuencia la existencia de una discriminación generalizada y socialmente aceptada contra las mujeres a lo largo de toda la historia. A raíz de esta discriminación sistemática, en nuestra sociedad nace un fenómeno al que se le llama violencia de género, que ha ido con el tiempo tomando un carácter social y formando parte de los temas que preocupan a la opinión pública. Actualmente, la sociedad española es prácticamente unánime en cuanto a sus opiniones sobre la violencia de género, la cual condenan, independientemente de sus actitudes, valores o el marco cognitivo que les haga cribar la información que reciben.

El método utilizado en España para llegar a estas conclusiones parte de una base que prima la opinión pública agregada, derivando así en un modelo representativo de democracia. En este caso, lo único que importa son los resultados finales, a los que se accede mediante un proceso que implica la cuantificación del problema. Un ejemplo de esto es la Macroencuesta de Violencia de Género realizada por el Observatorio de Violencia del Ministerio de Sanidad, en el que en 2011 se encuestaron a cerca de 8000 mujeres sobre su opinión en este asunto.

Para que se hubiese constituido una democracia directa, este informe debería haber prestado atención al diálogo, dando lugar a la opinión pública discursiva, para la que los números no tienen tanta importancia como los argumentos. Amnistía Internacional ha intentado implantar este tipo de opinión con su informe ¿Qué justicia especializada?, en el que denuncia los obstáculos que las víctimas de la violencia de género se siguen encontrando en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Para ello, ha obtenido información de mujeres implicadas en estos casos, y no sólo de la Macroencuesta, encontrando así los puntos débiles de la Ley de Violencia de Género. Esta organización pertenece a la sociedad civil, que da origen a la opinión pública cuando habla en la esfera pública, un espacio en el que se dialoga sobre cuestiones políticas.

Un perfecto ejemplo del paso de la esfera privada a la esfera pública es el de Jesús Neira, quien, el 2 de agosto de 2008, intervino cuando una mujer estaba siendo maltratada por su pareja. A causa de esto, el supuesto maltratador le propinó una brutal paliza que le dejó en coma durante dos meses. De este modo, se convirtió en objeto de la opinión pública, que se posicionó claramente a su favor, pasó a la esfera pública periférica y comenzó a formar parte de ese escenario en el que la sociedad civil actúa. Los medios de comunicación le convirtieron en un héroe y le dedicaron un gran despliegue mediático, realidad que se acrecentó por la existencia de las imágenes de la agresión. El hecho de que el suceso fuese motivado por la violencia de género, suscitó un especial interés público, ya que, en el siglo XXI, la opinión pública está ya muy sensibilizada con el tema. Esta sistematización mediática del caso favoreció el paso de Neira a la esfera pública central.

Los medios son los encargados de situar a un individuo en ese escenario en el que tiene voz y es escuchado por el público. Todo individuo posee ciertas actitudes y cualidades personales que pueden ayudar a su ascenso en la esfera pública: capital económico, cultural y simbólico. Sin embargo, no todos tenemos las mismas posibilidades de convertirnos en portavoces de la opinión pública. Generalmente en democracia, se le otorga la facultad de crear la realidad a quien cuenta con gran poder simbólico, que es más fácilmente adquirible por quien posee capital económico y cultural. No obstante, el caso de Neira es paradigmático, ya que el ascenso a la esfera pública central se dio de manera opuesta y no necesitó capital económico ni cultural para conseguir el potente capital simbólico que se le otorgó tras el ataque.

En Enero de 2009, sólo unos meses después de la agresión, se le ofreció la presidencia del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Esto muestra el apoyo que recibió de la esfera social por parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, desde donde Esperanza Aguirre, por entonces Presidenta, creó este puesto de asesor, ofreciéndole el control. De este modo, al asumir el cargo en noviembre del mismo año, Neira pasó de representar a la sociedad civil a hacerlo de una institución politizada y controlada por el poder.

Del mismo modo, vio crecer su capital económico, así como su capital simbólico no mermaba, puesto que era alimentado por sus múltiples apariciones en los medios. De esta manera, su presencia en el escenario de la esfera pública se retroalimentaba, por medio de la promoción y control de la información en el balcón, parte delantera de la esfera. No obstante, los medios tienen la capacidad de sacar al balcón el secreto, lo que se encuentra en el patio o zona trasera. Es decir, convertir la confidencia en publicidad. En el caso de Neira, esto ocurrió en 2010, cuando saltó a la palestra que había sido detenido conduciendo ebrio e iba a enfrentarse a un juicio por un delito contra la Seguridad Vial. Neira trató entonces de hacer uso de la censura, negando que los casos que se le imputaban fuesen ciertos. Con motivo de estos hechos, fue cesado de su cargo y se le retiraron los apoyos que recibía de la esfera social en el ámbito público.

Es manifiestamente claro que cuanto más presencia en los medios de un caso de violencia de género, más importancia le da la opinión pública. Durante el año 2012 han muerto 46 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales sólo 8 habían presentado denuncia¹, pero no todas ellas han llenado portadas ni abierto informativos. Y las otras tantas víctimas que no han fallecido, pero sí son objeto de maltratos físicos y psicológicos, ni siquiera han sido noticia. Debemos preguntarnos entonces si no son los medios cómplices de crear una desigualdad acumulativa con respecto a este tema y de marginarlo por no contar con suficientes apoyos políticos o económicos.

La violencia de género ha ido teniendo, paulatinamente, más presencia en las agendas mediáticas y políticas de nuestro país. No fue hasta el año 1989, bien adentrada la democracia en España, cuando aparece una ley que la regule y la trate como delito y no es hasta los años 90 cuando la prensa comienza a hacerse eco de ella como un problema social y no como meros hechos aislados. Desde la década de los 70 el número de informaciones sobre la violencia contra las mujeres presente en los medios de difusión ha ido en constante aumento. Por ejemplo, en el caso del diario El País, entre 1997 y 1998 se alcanzaron las 754 informaciones sobre el tema, mientras que entre 1976 y 1977 sólo se publicaron 50².

La difusión de este tipo de noticias se intensificó en los años 90, con el asesinato de Ana Orantes, el cual conmovió a la opinión pública y creó un punto de inflexión en materia de violencia de género. Acaban de cumplirse 15 años del suceso. Su tragedia sirvió para que tanto la ciudadanía como los legisladores tomaran conciencia de la existencia de la violencia machista en la sociedad española y que ésta pasara a formar parte de la agenda, primero mediática y después política de nuestro país. El 4 de diciembre de 1997 denunció en un programa de televisión los malos tratos recibidos por parte de su ex marido a lo largo de cuarenta años de matrimonio. A consecuencia de esta aparición, a los trece días, José Parejo, el maltratador, asesinó a Ana prendiéndola fuego tras rociarla con gasolina. Ambos estaban separados, pero el juez había decretado una medida por la cual debían compartir la vivienda familiar. José Parejo rondaba por allí a sus anchas, ya que nadie podía impedírselo. Hasta entonces, la violencia de género era un problema silenciado en la sociedad, al que ni el poder mediático ni el político le daban la importancia que debieran. Dos días después del suceso, en ciudades como Granada, Madrid y Vigo se concentraron a miles de personas para mostrar su repulsa ante este tipo de violencia. Pedían al Gobierno que tomase las medidas necesarias para atender a todas aquellas mujeres que denunciaban malos tratos por parte de sus maridos³, algo inaudito hasta entonces en nuestra sociedad.

Los medios de comunicación, cómplices hasta entonces del silencio y desdén ante estos casos, comenzaron a hacerse eco de este problema social –que había sido ignorado por la esfera pública y relegado al ámbito de la esfera privada– cubriendo los hechos y accediendo a los promotores informativos. Así, la agenda mediática permitió que el público manifestase su desacuerdo con las contradicciones cuestionadas en la agenda oficial. Desde el acontecimiento de la muerte de Ana Orantes, suceso que dio relevancia al tema, la ley contra la violencia de género se endureció, los poderes públicos tomaron cartas en el asunto y las medidas de protección de mujeres maltratadas se multiplicaron. Este problema pasó a formar parte así de la agenda política, desde donde se propusieron soluciones: el Gobierno promovió la reforma del Código Penal para castigar con más rigor a los culpables, que culminó con la aprobación por unanimidad –lo que muestra gran apoyo político–, en 2004, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Sin embargo, existía aún quien negaba el problema y, desde la élite, se mostraba en desacuerdo a que formase parte de la agenda. Es el caso de Álvarez Cascos, por aquel entonces vicepresidente primero del Gobierno, quien declaró que el asesinato de Ana era un “caso individualizado” y que no se trataba de la “mejor referencia de un supuesto de malos tratos” ³. Por estas palabras, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas (organización de la sociedad civil, autónoma, plural y parcial, que se autodenomina defensora de valores de igualdad de las mujeres, un objetivo colectivo) creó un debate público y exigió su dimisión, que, no obstante, no se produjo.

La violencia de género en España representa un modelo de relación entre el poder político y mediático de elitismo institucional, cada vez más implantado en la sociedad española, por el que existiría una interdependencia entre ambos. No existe un control total sobre las instituciones, pero tampoco existe una hegemonía de éstas, como hemos visto con las consecuencias legislativas que supuso el boom mediático del asesinato de Ana Orantes. La gestión de la información supone un buen cauce para el control político, así, en la agenda política se encuentran ciertas institucionalizaciones de rasgos promovidos por actividades sociales. Estos procesos garantizan el control de las élites, pero permiten su cuestionamiento constante, imponiéndoles límites. Una de estas institucionalizaciones sería la cooptación, que, volviendo a Jesús Neira, sería un buen ejemplo por su ocupación del cargo de asesor del Observatorio.

La cobertura mediática de los casos de violencia de género se basa actualmente en nuestro país en valores como la objetividad. Los periodistas se preocupan de ofrecer datos reales, aunque sí se hace uso de una estrategia de sensacionalismo, por ejemplo prometiendo informaciones pertenecientes a la vida privada de las víctimas y agresores, pero no a la situación social que le has llevado a ser parte de este problema. En la agenda también impera la indiferencia mediática, puesto que se trata de un problema social que se alarga en el tiempo y para el cual no se encuentra una solución definitiva, por lo que deja de ser algo novedoso (de ahí que, incluso existan medios que llegan a decir de las víctimas que son “una más”). Esto crea el enorme peligro de que la violencia de género deje de ser noticia porque estamos acostumbrados a ella.

Podríamos establecer que antes de los años 90, y más especialmente durante el régimen franquista, el modelo implantado era puramente elitista. La forma de control era la exclusión elitista, por la que los medios se encontraban dominados bajo los grupos de poder. La respuesta política era la inactividad, es decir, el problema de la violencia de género se ignoraba, se hacía como si no existiese y, por tanto, no se tomaban medidas al respecto. Los medios favorecían este silencio tanto por convención como por miedo a la respuesta legal de la censura. Ejemplo de ello es el del semanario El Caso, el más importante de los periódicos de sucesos y, por ende, de la violencia doméstica, al cual durante de la dictadura no se le permitía publicar más de un asesinato a la semana. En este modelo, los efectos de los medios sobre la opinión pública serían poderosos, y los ciudadanos sólo conocerían la información ofrecida por los medios (por ejemplo, los ciudadanos tendrían la idea de que en nuestro país existían, como mucho, cuatro crímenes mortales al mes).

Existen tres modelos para entender cómo se procesa la información y se responde a los sondeos. Zaller defendía la existencia de fuertes efectos de los medios, pero dotaba a la audiencia de cierta autonomía. Su modelo cuenta con una variable social y tres variables individuales (atención, entendimiento e ideología) que se relacionan con cuatro axiomas: recepción (las familias de mujeres maltratadas y las propias víctimas pondrán más atención a los mensajes que alguien que no sufra este problema de cerca), aceptación (existe acceso a mensajes que representan a la mayor parte de la opinión pública, como informes y encuestas, hecho vehicular para poder rechazar los mensajes contrarios), disponibilidad (la asociación de ideas que realiza un encuestado tiene que ver con el mensaje más recientemente recibido y cuestiona su respuesta, por ejemplo, haber escuchado hace poco el número de mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año) y respuesta (se busca el punto medio entre dos argumentos que son contradictorios, por ejemplo entre la efectividad y el avance que supuso la Ley de Violencia de Género y el número de casos que siguen existiendo en nuestro país).

Por su parte, Gamson se apoya en la opinión pública discursiva y reconoce que el discurso mediático es el mismo que el de las élites, pero que, a pesar de ello, la audiencia es capaz de reflexionar. Para ello en las noticias deben reforzarse la indignación (el caso de Neira vuelve a ser un ejemplo de un ciudadano que ve una injusticia en la violencia de género), la capacidad para actuar (a base de reivindicaciones se han conseguido avances en, por ejemplo, las órdenes de alejamiento) y la identidad común (favorecida con la aparición de iconos o mujeres influyentes que también han sido víctimas de este tipo de violencia como Withney Houston, Tina Turner o Madonna).

Por último, Kuran postula que el modelo de la espiral del silencio lo es en realidad de la prudencia: mentimos según nos presione una opinión pública que percibimos (o imaginamos) como mayoritaria. Calculamos qué decir y salimos a hablar para encontrarnos mejor con nosotros y con los demás. Muy posiblemente, la mayoría de los maltratadores se posicionen en contra de la violencia de género en charlas con los amigos en el bar, buscando así la aprobación social. No obstante hay quien declara su machismo en alto y hacerlo o no, según Kuran, depende de la utilidad que esto aporte. La utilidad total es suma de otras tres: intrínseca (cuánto me importa, por ejemplo si el machismo es un valor que he aprendido de mi familia), social (cuánto les importa a los demás, un hombre machista sabe que tiene más posibilidad de rechazo en un círculo de mujeres jóvenes, que de hombres ancianos educados en un contexto más conservador, por ejemplo) y expresiva (nace de la autoestima y su relación con la mentira).

1 Según datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de 26 de diciembre 2012

2 Berganza Conde, María Rosa: “La construcción mediática de la violencia contra las mujeres desde la Teoría del Enfoque”

3 El País, 20 de diciembre de 1997

Eres necesario aquí

Eres joven. Acabas de terminar tus estudios superiores. Llevas la vida preparándote para este momento. Sabes idiomas, has hecho prácticas de tu oficio – que te apasiona – y has dedicado los últimos años a formarte todo lo que has podido. Pero no es  suficiente. Vives en un país con una alarmante tasa de desempleo del 26,1%, donde más de la mitad de parados son menores de 25 años. Un país donde los jóvenes miran hacia delante con desasosiego,  pensando “aquí no tengo futuro”. Recuerdas a tu abuelo, que emigró a Alemania en los años 60 en una situación similar, y al que no le fue tan mal. La idea de marcharte toma fuerza. Más de 300.000 jóvenes ya lo han hecho.

No es espíritu aventurero, como afirmó Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración, lo sabes bien. No queda lugar para la aventura cuando tanto está en juego: construirte un futuro trabajando en lo que te gusta, en lo que sabes. No son ganas de conocer mundo, para eso ya habrá  tiempo. Se trata, simplemente, de sobrevivir. De asegurarte una mínima calidad de vida.

Y, si te vas, ¿en qué desembocará tu marcha? Personalmente, todo cambiará. Tu vida, tus amigos. Tus expectativas. Todo lo que llevas media existencia planeando. Tendrás que acostumbrarte a otro tipo de vida, y quizá cambiar tu concepción sobre tu trabajo.

Y, por otro lado, ¿qué le espera al país? No son los alemanes los que van a venir a levantarlo. Somos nosotros los que debemos luchar para conseguir que esta situación cambie, comenzando por el sistema. Y sois los jóvenes los más capacitados para llevar a cabo ese cambio que nos saque del estancamiento.

Aunque el ministro de Educación Wert diga lo contrario, la fuga de cerebros es una cuestión negativa. Con ella, el capital social de España se ve mermado día a día. Y sin capital social un país no puede avanzar.

PORTADA REPORTAJE: El drama de la ausencia

La trama del supuesto tráfico de bebés en nuestro país ha saltado con fuerza a la palestra durante los últimos meses. La existencia de miles de personas que afirman que, tras el parto y desde el hospital, dieron por muertos a sus hijos sin ser esto cierto ha hecho saltar la alarma social. Multitud de gente busca a familiares biológicos de los que no sabe apenas nada. Miles de adopciones irregulares buscan aclararse, despejar la duda de miles de madres que se preguntan diariamente dónde están sus hijos. La opinión pública española apoya la labor de quien busca una ayuda legal a su búsqueda de respuestas. El caso ha sido llevado ante el poder Judicial, quien ha convertido en imputada a Sor María, miembro de la hasta ahora intocable Iglesia Católica.

Se ha realizado un proyecto de investigación en profundidad del tema, partiendo de una base que se ha ido completando con datos e informaciones que se han obtenido tanto del análisis de casos concretos, como del tratamiento mediático que desde los medios de comunicación se le ha dado al tema durante los últimos meses.

Éste se ha dividido en cuatro apartados:

1. CUESTIONES LEGALES Y CONCEPTUALES: Base teórica para el inicio de la investigación del tema. ¿Qué es una adopción?, ¿en qué casos puede considerarse ilegal?. Punto de partida para el conocimiento en profundidad del tema.
2. CONSULTA A EXPERTOS: Aproximación a casos concretos. Entrevistas a nueve personas víctimas de esta trama y especialistas del tema con la finalidad de sacar conclusiones correctas.
3. TRATAMIENTO MEDIÁTICO: Desde que el tema saltara a los medios, muchos han sido los que se han hecho eco de él.
4. CONCLUSIONES FINALES: Texto final elaborado a partir de las conclusiones que se han extraído de toda la investigación previa.

Cuestiones legales y conceptuales

Según la Real Academia de la lengua española (RAE), “adopción” es la acción de adoptar que, a su vez, es recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente.

Respecto a la ley española referente al tema, se define lo siguiente:

La Ley 21/1997, de 11 de noviembre, defiende la configuración de la adopción como un elemento de plena integración familiar y el interés del niño adoptado que se sobrepone a los otros intereses legítimos que se dan en el proceso de la constitución de la adopción. Por otra parte se potencia el papel de las entidades públicas con competencia en protección de menores.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, respecto a la adopción nacional e internacional, introduce la exigencia del requisito de idoneidad (documento que certifica la resolución dictada por la Secretaría Autonómica de Acción Social, Menor y Familia, a través del cual se declaran idóneos o no idóneos a los solicitantes para la adopción nacional, la adopción internacional o el acogimiento familiar) de los adoptantes, que debe ser apreciado por la entidad pública.

Actualmente, las familias que desean adoptar a nivel nacional deben presentar su correspondiente solicitud a los Servicios de Protección de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas, posteriormente pasarán a una lista de espera para su valoración. El proceso de valoración se lleva a cabo mediante una serie de entrevistas, visitas domiciliarias y presentación de documentación. Las autoridades estudiarán los citados informes hasta que decidan conceder o rechazar la idoneidad de los solicitantes. Una vez valorados y reconocidos como idóneos para la adopción, pasarán a una lista de selección, a los efectos de proponer la asignación de un menor, formalizándose el Acogimiento Familiar preadoptivo (pudiendo ser este administrativo o judicial). Se inicia el procedimiento de acoplamiento del menor en el domicilio familiar y posteriormente se presenta la propuesta de adopción por la entidad pública. El juez, previa valoración de la documentación e informe del fiscal, dictará auto de adopción y finalmente se realizará la inscripción en el Registro Civil, a los efectos de modificar los apellidos.

De conformidad con el artículo 175 del Código Civil, los adoptantes deben reunir los siguientes requisitos:

• Ser mayores de 25 años (basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad).

• Que la diferencia máxima de edad entre adoptado y adoptante no sea superior a 40 años (se hace la media de edad en caso de pareja).

• Haber presentado la correspondiente solicitud en el Registro de Adopciones.

• No ser tutor en ejercicio del adoptado.

• Poseer unas condiciones psico-pedagógicas y socio-económicas mínimas como pueden ser:

1. Que el medio familiar reúna las condiciones adecuadas para la atención del menor respecto a su salud física y psíquica (situación socio-económica, habitabilidad de la vivienda, disponibilidad de tiempo mínimo para su educación).
2. En el caso de cónyuges o personas que convivan en pareja, que exista una relación estable y positiva (se valora convivencia mínima de 2 años).
3. Que existan motivaciones y actitudes adecuadas para la adopción.
4. Que exista voluntad compartida por parte de ambos en el caso de ser cónyuges o parejas de hecho.
5. Que exista aptitud básica para la educación de un niño.
6. Será negativo que los solicitantes condicionen la adopción a las características físicas, al sexo o a la procedencia socio-familiar de los menores, así como la ocultación o falseamiento de datos relevantes para la valoración por parte de los solicitantes.

En España, el periodo medio de duración del proceso es de nueve años.

Estas leyes relativas a la adopción han sido modificadas varias veces a lo largo del tiempo por lo que en algún periodo determinado quizá se acumularan vacíos legales que diesen lugar al posible tráfico de bebés.

Estos vacíos de los que hablamos se pueden confirmar en el BOE 17-11-1987, núm. 275, (página 34158). Según se confirma en parte del Preámbulo:

«La regulación de la adopción ha sido objeto en España de sucesivas reformas hasta llegar a la Ley 7/1970, de 4 de julio, con los ligeros retoques que introdujeron las Leyes 11/1981, de 13 de mayo, y 30/1981, de 7 de julio. Pese a la modernización que pudo suponer la modificación del Código Civil operada en 1970 y a los buenos propósitos del legislador, es preciso reconocer que el régimen hasta ahora vigente no ha llegado a satisfacer plenamente la función social que debe cumplir esta institución, a causa de la existencia de una serie de defectos e insuficiencias normativas que la experiencia acumulada con el paso de los años ha puesto de relieve.

Se acusaba, sobre todo, en la legislación anterior, de una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción, necesaria si se quiere que ésta responda a su verdadera finalidad social de protección a los menores privados de una vida familiar normal. Esta ausencia de control permitía en ocasiones el tráfico de niños, denunciado en los medios de comunicación (y, recientemente, ante la Fiscalía General del Estado), y daba lugar, otras veces, a una inadecuada selección de los adoptantes. Desde otro punto de vista, resultaba inapropiado el tratamiento dado a los supuestos de abandono de menores, porque, debido a su rigidez, impedía o dificultaba en la práctica la realización de adopciones a todas luces recomendables. También pueden citarse, como otros inconvenientes, la posibilidad indiscriminada de adopción de los mayores de edad y la misma pervivencia de la figura de la adopción simple, reducida a una forma residual de escasa trascendencia jurídica y que sólo se utilizaba en la mayoría de las ocasiones para fines marginales no merecedores de una protección especial.

Se ha estimado, en fin, que aquel sistema no estaba suficientemente fundado en la necesaria primacía del interés del adoptado, que debe prevalecer, sin prescindir totalmente de ellos, sobre los demás intereses en juego en el curso de la adopción, como son los de los adoptantes y los de los padres o guardadores del adoptado».

Entendemos, pues, “adopción irregular” como aquella adopción que tiene lugar fuera del ámbito jurídico y legal, expuesto anteriormente, establecido en España. En el caso de que la adopción se lleve a cabo de manera regular, en el libro de familia debe constar como tal, como se define en el artículo 36 de la Sección II del mismo:

“El Libro de Familia se abre con la certificación del matrimonio no secreto y contiene sucesivas hojas destinadas a certificar las indicaciones registrales sobre el régimen económico de la sociedad conyugal, el nacimiento de los hijos comunes y de los adoptados conjuntamente por ambos contrayentes, el fallecimiento de los cónyuges y la nulidad, divorcio o separación del matrimonio.

También se entregará Libro de Familia al progenitor o progenitores de un hijo no matrimonial y a la persona o personas que adopten a un menor. Se hará constar, en su caso, el matrimonio que posteriormente contraigan entre sí los titulares del Libro.
En el Libro se asentará con valor de certificaciones cualquier hecho que afecte a la patria potestad y la defunción de los hijos, si ocurre antes de la emancipación.

Los asientos-certificaciones son en extracto, sin transcripción de notas y en los de nacimientos no se expresará la clase de filiación. Pueden rectificarse en virtud de ulterior asiento-certificación”.

Así mismo, en el artículo 28 de la II sección del capítulo II del Reglamento del Registro Civil, se expone que, legalmente, es obligado emitir un certificado tanto por el nacimiento, como por la defunción de un niño:

“Las certificaciones pueden ser positivas o negativas y de asientos o de documentos archivados.

Las positivas de asientos pueden ser literales o en extracto. Las literales comprenden íntegramente los asientos a que se refieren, con indicación de las firmas.

Las certificaciones en extracto u ordinarias, contienen los datos de que especialmente hace fe la inscripción correspondiente, según resulte de las inscripciones ulteriores modificativas, sin expresión de éstas, y, también las notas marginales de referencia a las inscripciones o anotaciones de matrimonio, tutela, representación o defunción del nacido o a la de nacimiento”.

En el capítulo II del Código Penal, De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor se trata el tema como delito y se establecen las penas a cumplir por los que incurran en él:

«Artículo 221. [Adopciones ilegales]

1. Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

2. Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero.

3. Si los hechos se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o establecimientos donde se recojan niños, se impondrá a los culpables la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades por tiempo de dos a seis años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la clausura temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años.

Artículo 222. [Agravación a educador, facultativo, autoridad o funcionario público]

El educador, facultativo, autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su profesión o cargo, realice las conductas descritas en los dos artículos anteriores, incurrirá en la pena en ellos señalada y, además, en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a seis años.A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los médicos, matronas, personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o socio-sanitaria».

En segundo lugar, nos disponemos a definir el término de “crimen contra la humanidad” para poder valorar si estos delitos podrían alcanzar ese calibre. La definición de crimen contra la humanidad que se recoge en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional comprende las conductas que hayan sido tipificadas como encarcelación; deportación o desplazamiento forzoso; persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente; asesinato; tortura; exterminio; esterilización forzada; violación; prostitución forzada; desaparición forzada; secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Estos actos también son denominados como crímenes de lesa humanidad. El adjetivo «leso» indica (según la RAE y dicho sobre el ofendido) agraviado o lastimado. Por eso, crimen de lesa humanidad alude a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia o injuria a la Humanidad en su conjunto.

 Las variables que influyen de forma cuantitativa y cualitativa en el tema que nos ocupa son:

• Educación (nivel educativo de los implicados).

• Recursos económicos y clase social.

• Éxodo rural (migración de campo a ciudad): se da durante el proceso de industrialización de un país y en España tuvo lugar en los años 60.

• Natalidad y fertilidad durante el tiempo a analizar: la tasa de natalidad es el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes en un lugar concreto. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población. La tasa de fertilidad es el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a luz de acuerdo a la tasa de fecundidad promedio para cada edad.

• Iglesia y la relación de ésta con el Estado. Durante el régimen dictatorial de Franco se declaraba Estado Católico. Actualmente, y según el artículo 16.3 de la Constitución Española de 1978, España ha pasado a ser un estado aconfesional:

«Artículo 16.3

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

• Seguridad Social: en 1963 aparece una ley que pretende crear un modelo unitario de protección social, lo cual se considera las bases de la Seguridad Social actual que entró en vigencia en 1967. No obstante, este sistema no era completamente satisfactorio y no fue hasta la llegada de la democracia cuando se estableció la Seguridad Social como sistema tal y como la conocemos ahora.

• Legalidad (aspectos legales de la adopción y de los documentos de registro civil).

• Familia (matrimonio o soltería, unidad patriarcal, emancipación)

• Trabajo (diferenciación de la incorporación laboral por sexos, frecuencia del hecho de ausencia por un período largo de tiempo por cuestiones laborales) y servicio militar obligatorio.

• Contexto histórico y sociopolítico.

Consulta a expertos

Para acercarnos mejor al tema tratado, hemos realizado varias entrevistas a personas implicadas en el tema de las adopciones irregulares:

• Antonio Barroso: presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR). Descubrió hace varios años que había sido adoptado irregularmente y comenzó a investigar. Tras comprobar que su caso era archivado individualmente, fundó la Asociación para reunir un número mayor de casos.

• Raquel Hernández: consta como hija adoptada, pero en su partida de nacimiento no aparece ni la fecha ni el lugar del nacimiento (lo cual es ilegal)

• Paloma Mollat: en 1980 dio a luz una niña a la que horas después del parto meten en la incubadora, después de haberla tenido ella en sus brazos. A los cuatro días le anuncian la muerte de su hija. Los documentos legales no son verídicos (por ejemplo, le aseguraron que estaba bautizada, pero el parte de bautismo no existe)

• Soledad Monzón: siendo soltera, en 1980, dan por fallecido a su hijo en el momento del parto, pero los datos de los documentos legales del registro civil del bebé (nacimiento y defunción) son falsos.

• Mª Remedios Toledano: al ponerse de parto, acudió al Auxilio Social de Madrid, pero la derivaron a la clínica San Ramón. Cuatro horas después del nacimiento del bebé, se lo llevan y al día siguiente informan a su marido de que el bebé ha fallecido. No ha logrado conseguir el parte de defunción, en su lugar le han dado únicamente una nota escrita a mano.

• Sandra Mateo: su madre tuvo un parto en el que dieron por muerto al bebé, su hermano, pero los documentos no concuerdan en fecha.

• Noemí Soria: al igual que Sandra, su madre tuvo un parto en el que dieron por muerto al bebé (en este caso, su hermana) y en los documentos hay incorrecciones (por ejemplo, consta como sietemesino, pero fue un parto de gestación normal).

• Mª Carmen Torres: nació en parto gemelar y su hermana fue dada por muerta a las pocas horas de nacer, pero no consta en ningún parte de defunción.

• Mª Teresa Melgar: su madre tuvo un parto en el que dieron por muerto al bebé, pero los documentos legales no concuerdan.

Tras realizar las entrevistas, hemos llegado a una serie de conclusiones a raíz de la información que se ha extraído de ellas:

El número de casos de adopciones irregulares total en España desde los años sesenta hasta la actualidad es de 300.000, aproximadamente. Según Antonio Barroso, “el abogado Enrique Vila, abogado de la asociación, que lleva quince años trabajando en este tema [adopciones en general], calcula que el 15% de la gente que a él le ha llegado son adopciones ilegales. Entonces, si calculamos que en España, de los años cincuenta a los noventa ha habido dos millones de adopciones nacionales, el 15% son 300.000 niños. Y quizás nos quedemos cortos porque están saliendo adopciones bajo una total legalidad que también se han efectuado con niños robados”.

La investigación de las familias empieza cuando reviven su historia desde recuerdos, con los medios de comunicación o cuando sus familiares les informan de lo ocurrido. En este punto comienzan a investigar, generalmente por internet, y tras recabar información sobre el tema contactan con la asociación ANADIR. Ellos les recomiendan que consigan los documentos pertinentes (partida de nacimiento, partida de defunción, legajo de aborto, registro civil, inscripción del cementerio, historial clínico).

El patrón general de los afectados es: mujeres de clase baja; en algunas ocasiones, pertenecientes a un pueblo y que migraban; que daban a luz en las ciudades, generalmente a su primer hijo; y pertenecían al sistema de protección social estatal. Además, eran muy jóvenes (en la gran mayoría de los casos no sobrepasaban los veintitrés años) y, en el caso de ser solteras, la probabilidad de que sus hijos fueran robados aumentaba: “en esos años las monjas creían que las madres solteras no éramos capaces de criar un niño” (Soledad Monzón)

En ningún caso el padre estaba presente en el paritorio en el momento del alumbramiento y, por regla general, los facultativos instaban a los familiares a abandonar la clínica, objetando la buena salud de la madre y la necesidad que ésta tenía de descansar. En muchos de los partos, la madre llegaba sola al hospital o acompañada de algún familiar cercano, pero no del padre de la criatura, ya que éste estaba trabajando fuera o haciendo el servicio militar. Una vez dado por muerto el bebé, en ningún caso se ofrecía ver el cadáver y sólo si el familiar insistía mucho, le enseñaban un cuerpo envuelto en sábanas, del cual podía verse poco. En algunos casos, se llegó a amenazar a los familiares con avisar a la Guardia Civil si seguían insistiendo en ver al bebé. Tras la defunción, en la totalidad de los casos el hospital o clínica se encargaba del entierro (a pesar de que la familia tuviese dónde enterrar al niño, tumbas o panteones familiares), y en muchos de ellos, incluso, los familiares no estuvieron presentes: “A la [madre] que insiste mucho, le enseñan un niño congelado que hay en una cámara frigorífica y que enseñaban a todo el mundo. Todas las madres a las que le han enseñado niños, cuando les preguntas que qué recuerdan, te dicen que un beso frío. Claro, realmente estaban besando a un bebé congelado, muy, muy tapado. Les dejaban darle un beso y ya está. Normalmente no se lo enseñaban. Les daban una caja cerrada, a la que se lo daban, y enterraban esa caja… con vendas dentro. No había niño. Hoy en día se están abriendo cajas y se está demostrando que no había niño […] Y a los padres que se ponían agresivos con que querían ver a sus hijos los amenazaban con la Guardia Civil. A las madres las tomaban por locas” (Antonio Barroso)

Con respecto a las familias que compraban bebés, se trataba de familias de edad avanzada (superando, en todos los casos, la treintena y, en la mayoría, rondando la cuarentena) que habían intentado tener hijos de manera natural sin éxito. Normalmente, un intermediario (taxistas, empleados de mantenimiento, encargados de guarderías, religiosos de confianza) contactaba con ellos y les ofrecía una adopción, que se realizaría de manera confidencial y rápida, a cambio de un pago en metálico (que oscilaba entre las 150.000 y el millón de pesetas de la época, y que, en algunos casos, se realizaba a plazos): “a la gente que compraba niños no les decían ‘mira, el niño le acabo de robar’ porque si no, no habrían vendido ninguno. Lo que decían, normalmente, es que el niño era hijo de una drogadicta, de una prostituta o que los padres habían muerto en un accidente de tráfico y el niño se había quedado solo en el mundo. Ésas eran las tres cosas que solían decir: aquí, en Barcelona, en Galicia, en Andalucía… En todos los sitios” (Antonio Barroso)

En algunos casos se da que los adoptados irregulares eran inscritos en el lugar en el que verdaderamente nacieron y no en la provincia de residencia de sus padres adoptivos durante su nacimiento.

Por tanto, los afectados pertenecían a una clase social más baja que la de los beneficiarios de las adopciones, que tenían recursos suficientes para efectuar el pago, aunque fuese de manera paulatina; y existe una motivación económica tras toda la trama, ya que se han obtenido declaraciones y testimonios de personas que se encuentran implicadas y han reconocido beneficiarse económicamente con esto.

En muchos casos, las madres a las que sus hijos han sido dados por muertos han necesitado apoyo psicológico o han arrastrado trastornos del estado de ánimo, como depresiones. Llegando, incluso, a tener que depender de especialistas: “Mi madre ya no está para… además psicológicamente quedó bastante mal, ha estado toda la vida arrastrando esto” (Noemí Soria); “Él [su hijo] puede tener miedo, yo también tengo mucho miedo: he hecho mi vida sin él. Mi vida con él hubiera sido completamente distinta. […] A todo el que veo de su edad, me quedo mirándole. Y cuando hay una reunión [de ANADIR], preguntando ‘de dónde eres, de qué año…’ Es horroroso.” (Soledad Monzón)

A los problemas derivados de la ausencia, de la situación de haber perdido un hijo y saber que cabría la posibilidad de que, en realidad, estuviese vivo, se suman los conflictos de las familias. En la inmensa mayoría de casos, la familia está unida en la búsqueda del hijo robado, pero, en ocasiones, hay miembros de la misma que no están de acuerdo en no olvidar el tema y surgen conflictos entre ellos: “Mi madre, por ejemplo, no me apoya. Ella ya le dio por muerto y dice que deje en paz a los muertos, que si viviera mi padre qué vergüenza… Si hablo con mi madre, es del tiempo. Y eso es muy triste para mí. Llevo un mes y pico sin ir a verla. […] Tu madre no te apoya, y la mitad de tus hermanos, tampoco.” (Soledad Monzón) En el otro lado, en el de los hijos adoptados irregularmente, el tema es muy controvertido. Los padres adoptivos no siempre están dispuestos a dar datos ni a revelar la verdadera historia de la adopción (o compra) del hijo, lo cual, normalmente, deriva en problemas familiares de distinto nivel de gravedad: “en mi casa, de eso no se hablaba, era tabú…” (Raquel Hernández). Existen, incluso, casos de padres que cortaron radicalmente la relación con sus hijos adoptivos cuando éstos se enteraron de la situación de irregularidad en su adopción.

Los objetivos que se han persiguido con la petición de una investigación judicial son el reencuentro de familiares de sangre que un día fueron separados de manera ilegal, el reconocimiento de los culpables con pruebas concluyentes y, por último, que se aplique una pena a éstos de acuerdo con el Código Penal de nuestro país: “para nosotros [familias socias de ANADIR] lo primero es encontrar lo que nos han robado, en mi caso, mi hermano; después encontrar a los culpables y lo tercero, que paguen” (Sandra Mateo)